El Poder Judicial estableció la conformación de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de Crimen organizado y de Corrupción de funcionarios, que permitirá mejorar la tramitación de procesos contra magistrados de primera instancia o del menor nivel por cometer delitos de función. Es decir, a jueces especializados o mixtos, jueces de paz y paz letrado, así como a fiscales provinciales y adjunto provinciales, entre otros funcionarios, aunque hayan cesado de su cargo, según la resolución administrativa publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Esta sala especializada estará conformada  por los jueces superiores Iván Quispe Aucca, quien la presidirá, Juan Guillermo Piscoya y Marco Angulo Morales. La citada resolución tiene la firma de la magistrada Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de Crimen organizado y de Corrupción de funcionarios.

Además, se designa al magistrado Víctor Enríquez Sumerinde como juez superior de investigación preparatoria de la Corte especializada en delitos de Crimen organizado y de Corrupción de funcionarios, competente de la investigación preparatoria por los casos señalados.

La disposición administrativa se oficializó este lunes.

El 24 de junio último, Convoca.pe publicó la investigación “Más de 400 jueces fueron sancionados con propuestas de destitución en los últimos diez años en Perú”, en la cual se expuso el número de sanciones graves emitidas a magistrados en todo el país por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) desde 2009 hasta 2018. Uno de los principales hallazgos fue que los jueces de paz son los que más han incurrido en faltas graves sumando 138 casos en total, seguidos de jueces mixtos (81) y jueces penales (57). Entre las causas por las que este grupo recibió sanciones se observan el haber ocultado una sentencia por delitos cometidos por negligencia o descuido, la intervención en las actividades político-partidaria, así como recibir dinero ilícitamente y guardarlo para sí mismo.

En este año, el órgano disciplinario del Poder Judicial ha formulado 35 propuestas de destitución a magistrados y 86 medidas cautelares de suspensión preventiva. En este grupo, el pasado 12 de agosto, cuatro jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima fueron sancionados con suspensión preventiva por estar implicados en actos irregulares relacionados con audios donde se evidenciaba inconductas funcionales. Ellos son Víctor Andrés Quinte Pillaca, juez del 36° Juzgado Civil de Lima; Ronald Mixán Álvarez, juez especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales; Carlos Armando Huerta Ortega, juez encargado del 10° Juzgado Comercial de Lima; y Juan Salazar Laynes, juez del 10° Juzgado Comercial de Lima.

Norma fue rubricada por Inés Villa (sentada), titular de la Corte Superior para delitos de Crimen organizado y de Corrupción de funcionarios. Foto: Difusión

El viernes reciente, Vicente Walde Jáuregui, jefe de la OCMA, volvió a instar a las autoridades pertinentes para que atendiesen el requerimiento de otorgar facultades extraordinarias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que pueda ventilar las propuestas de destitución de jueces.

Walde Jáuregui afirmó que su preocupación es porque los casos de jueces que han incurrido en faltas muy graves no están siendo atendidas. “Nosotros no podemos destituirlos, la ley nos prohíbe, eso correspondía al CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), pero en vista que se encuentra desactivado por los hechos conocidos ('audios de la corrupcion'), no podemos quedarnos sin que esto sea ejecutado o revisado por otra instancia; y por ello pedimos el otorgamiento de facultades extraordinarias”, manifestó en conferencia de prensa.