Informe de la Contraloría expone irregularidades en la subasta pública que entregó en usufructo más de 25 mil metros cuadrados del Estadio Unión de Barranco por parte la gestión del exalcalde Felipe Mezarina. Perjuicio al Estado ascendería a S/ 28 millones. La actual gestión municipal declaró la nulidad de todo el proceso y se suspendió la ejecución del proyecto privado.

 

La Contraloría recomendó a la Procuraduría de este órgano de control que denuncie a seis exfuncionarios de la Municipalidad de Barranco, nombrados durante la gestión del exalcalde Felipe Mezarina (2015 - 2018), por su presunta responsabilidad penal y administrativa en relación a irregularidades en el proceso de la subasta pública para el usufructo del Estadio Unión por 25 años. 

En su informe de auditoría, el ente de control detectó la supuesta comisión de delitos por parte de Rosa Torres Huarcaya (exgerente de Administración y Finanzas), Héctor Santivañez Cotera (exgerente de Administración y Finanzas), Gianina García Reyes (exgerente de Asesoría Jurídica ), César Ramírez Zavaleta (expresidente del Comité de Subasta del Estadio Unión), Haydee Sparrow Pérez (exmiembro del Comité de Subasta)  y Carlos Gaillour Roncagliolo (exgerente de Desarrollo Urbano y exmiembro del Comité de Subasta).

A estos exfuncionarios ediles también se les abrió el procedimiento administrativo sancionador respectivo que podría terminar con su suspensión o inhabilitación para la función pública.

 

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Contraloría inició proceso administrativo sancionador contra los exfuncionarios de la gestión del exalcalde Felipe Mezarina y recomendó que sean denunciados penalmente.

 

Entre las conclusiones del informe de control se señala que los exfuncionarios de la Municipalidad de Barranco determinaron el usufructo como modalidad de cesión del Estadio Unión al margen de la normativa legal. La buena pro fue adjudicada al Consorcio Unión Barranco, la única empresa que se presentó como postora, de acuerdo con el documento de la auditoría fechado el 26 marzo último.

Asimismo, la Contraloría determinó que funcionarios de Barranco otorgaron el usufructo del estadio municipal en un valor menor al de la tasación comercial llegando a una diferencia total de unos 28 millones de soles menos respecto al valor real, según mediciones del Ministerio de Vivienda.

 

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Informe de la Contraloría sobre la propuesta económica del Consorcio Unión Barranco.

 

Además, se concluyó que el Comité de Subasta Pública formado para determinar el valor de usufructo del Estadio Unión no contó con un estudio técnico - económico que estableciera los costos de las inversiones y beneficios que obtendría la municipalidad, dejando al postor ganador, el Consorcio Unión Barranco, que incluya esas propuestas a su discreción.

Entre las recomendaciones de la Contraloría a la Municipalidad de Barranco, se indica que la actual gestión del alcalde José Rodríguez debe analizar y evaluar el contrato suscrito con el referido consorcio, a fin de adoptar acciones dentro de la normativa legal y asegurando los intereses del municipio y de la comunidad.

En diálogo con Convoca.pe, el burgomaestre barranquino José Rodríguez dijo que su administración revisó el contrato firmado por la gestión de Felipe Mezarina y halló irregularidades en la subasta del espacio público. Por esta razón, el 27 de marzo pasado el actual concejo de Barranco tomó la decisión de anular el acuerdo que dio inicio a ese proceso en 2017.

 

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Alcalde de Barranco, José Rodríguez, junto a la totalidad de regidores votaron para anular el acuerdo que dio origen al usufructo del Estadio Unión. Foto: Luis Enrique Pérez/Convoca.

 

Según el abogado Luis Molero, asesor legal externo de la Municipalidad de Barranco, el contrato firmado por la gestión de Mezarina “está viciado de nulidad” ya que el Acuerdo de Concejo 024-2017-MDB, que inició el procedimiento para la cesión del Estadio Unión, aprobó que los gerentes municipales decidieran la modalidad de disposición para la empresa privada, cuando los que debían aprobar el usufructo u otra modalidad era el concejo municipal.

Molero precisó que los gerentes solo debieron emitir un informe comparativo entre otras modalidades como la concesión, arrendamiento, usufructo u otros, para que sea decidido por los regidores, por lo que -afirma- los funcionarios habrían violado el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Mediante sus redes sociales, el Consorcio Unión Barranco calificó el acuerdo del concejo de Barranco como un acto "arbitrario e ilegal" y presentó una denuncia penal contra todos los regidores y el alcalde de la comuna barranquina como coautores del presunto delito de abuso de autoridad. Además, la empresa indicó que considera que la reciente acción del municipio no altera la validez jurídica del contrato.

 

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