El Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Anticorrupción sentenció al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, a ocho años y tres meses de prisión por acordar con la constructura brasileña que se le abonara US$ 2,6 millones a cambio de favorecerla con la obra de la carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis. Se estima un perjuicio para el Estado de S/ 27 millones 110 mil 922.

 

El recluido exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, fue condenado esta tarde a ocho años y tres meses de prisión por el delito de colusión agravada en el caso de la carretera Huaylas - Chacas - San Luis, decisión judicial que constituye la primera sentencia relacionada a la trama de sobornos de Odebrecht en el Perú. Junto al exgobernador ancashino, la jueza Nayko Coronado sentenció a otros 10 implicados con diferentes penas por los mismos hechos.

En cuanto a Álvarez, la magistrada consideró que, en base a testimonios de colaboradores eficaces presentados por el fiscal Elmer Chirre y su equipo, los actos irregulares en este caso significaron un perjuicio para el Estado de 27 millones 110 mil 922 soles.

Asimismo, la titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Anticorrupción sostuvo que existen evidencias para establecer la relación entre César Álvarez y Dirsse Valverde Varas -quien fue nexo entre la exautoridad regional y la constructora brasileña-, puesto que, según el colaborador eficaz T1-2017, hubo una reunión en el Country Club de San Isidro a la cual asistieron el empresario dominicano Fortunato Canaán, Raymundo Trindade Serra (ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht) y el entonces gobernador regional de Áncash, en la cual este presenta a Valverde como encargado de la Gestión de proyectos de infraestructura de la región. Además, la jueza refiere la existencia de viajes a Brasil realizados por Álvarez y Valverde entre 2008 y 2009, con la finalidad de ofrecer proyectos a las empresas brasileñas.

 

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La jueza Nayko Coronado basó su decisión en las evidencias recogidas por el equipo del fiscal Elmer Chirre. Foto: Poder Judicial

 

Con César Álvarez fueron sentenciados también a ocho años y tres meses de reclusión: Germán Martinez Cisneros y Leoncio Benito Mauricio Chu. Por otra parte, la jueza dictó seis años y seis meses de prisión para Luis Alberto Díaz Vilca, Ivonne Roxana Bayona Guio, Lorenzo de la Cruz Sánchez, Mario Peralta Gibaja y Antenor Kjuro Beizaga. En tanto, fueron absueltos por falta de pruebas y por duda razonable: Francisco Carranza Quiñonez, Ángel Victoriano Rondán Ramírez y Moisés Ángeles Obregón. Cabe anotar que todos son exfuncionarios del gobierno regional de Áncash, de la gestión de Álvarez.

 

La acusación, los hechos

El pedido fiscal para la condena impuesta al exgobernador regional César Álvarez se fundamenta en los actos ilícitos cometidos en relación a la "Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis". En ese sentido, se detectó el otorgamiento de adelanto de materiales, las ampliaciones de plazos, las prestaciones adicionales y el reconocimiento de valorizaciones como parte de las retribuciones a la empresa por el pago de los 2,6 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de la referida obra.

Según documento de la Fiscalía, al que Convoca.pe tuvo acceso, estos actos formaron parte de “un plan delictivo concertado previamente, para favorecer al contratista con el otorgamiento de prestaciones económicas”, en el que las gestiones ilícitas se dieron en coordinación, por un lado, el exgobernador Álvarez a través del intermediario Dirsse Valverde, y por otra parte, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, y Raymundo Trindade Serra, exgerente de Relaciones Institucionales de la citada compañía.

 

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Dirsse Valverde, intermediario entre Odebrecht y César Álvarez. Foto: Difusión

 

El acuerdo entre Odebrecht y César Álvarez -para la fiscalía- se dio a través de Dirsse Valverde, quien se reunió en septiembre de 2010 -meses antes de la firma del contrato- con Raymundo Trindade Serra en el Swiss Hotel de Lima. En dicha cita, de acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, Valverde le manifestó a Raymundo Trindade Serra que él podría apoyar "a la empresa en la preparación de las bases en la licitación de la obra para ganar la buena pro y la ejecución del proyecto". Esto, previo pago del 2,5% del costo total de la misma, solicitado por el propio César Álvarez.

Como ya informó este medio digital, Barata autorizó los pagos a César Álvarez luego de que Trindade Serra le llevara la propuesta de Valverde. A partir de entonces, las primeras entregas se dan bajo mediación de Eleuberto Martorelli, exgerente de la Concesionaria IIRSA Sur (Odebrecht), quien a pedido de Ricardo Paredes Reyes, ingeniero a cargo del proyecto, se encargó de gestionar los pagos ilícitos para Álvarez. Estos se dieron, en un primer momento por concepto de asesorías falsas contratadas por Odebrecht a Dirsse Valverde y el exfuncionario José Cavassa -presentado como "parte del equipo regional"- por un monto que superó los 613 mil soles.

 

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Parte de la acusación del Ministerio Público contra el exgobernador regional César Álvarez.

 

No obstante, esta modalidad presentó una dificultad. El pago era requerido con celeridad por parte de Álvarez y, además, no se podía "camuflar" tanto dinero solo con asesorías falsas. Por esta razón, según la acusación fiscal, Valverde presentó a Eleuberto Martorelli una cuenta bancaria de la empresa offshore Cirkuit Planet Limited, cuyo propietario era Mauricio Fatelevich, pero que en la práctica era manejada por su hijo Mario Fatelevich.

En ese momento se efectuaron cuatro transferencias desde el Meinl Bank de Antigua, mediante Kliendfield e Innovation, compañías offshore asociadas a Odebrecht, todas realizadas durante 2011 (el 11 de mayo, el 16 de junio, el 2 de agosto y el 3 de noviembre) a la cuenta de Cirkuit Planet, cada una de 600 mil dólares, pagos que posteriormente se transfirieron a una cuenta de la empresa POC Investment, cuya pertenencia es atribuida a Rafael Casas de las Peñas del Corral, personaje que ha reconocido en su declaración, de acuerdo con la Fiscalía, tener nexos con Dirsse Valverde, representante de César Álvarez en la concertación ilícita.

 

El pacto

La pesquisa fiscal señala que el pacto ilícito tuvo un objetivo claro: el compromiso de agilizar y aprobar los trámites de otorgamiento de adelanto de materiales, ampliaciones de plazos, prestaciones adicionales y reconocimiento de valorizaciones, saltándose las gestiones administrativas regulares. En tal sentido, el acuerdo ilegal no solo significaba el pago de 2,5% del costo total a cambio de la obra, sino también el "éxito económico y financiero del proyecto". Esto garantizó que Odebrecht obtuviera beneficios económicos en la fase de ejecución del proyecto, ya que, por sí mismos la buena pro y el otorgamiento del contrato no significaban mayores ganancias para la empresa.

El Ministerio Público sostiene además que el adelanto por materiales de más de 155 millones de soles otorgado a Odebrecht, formó parte de ese "pacto". El adelanto fue requerido al Gobierno Regional de Áncash por la constructora brasileña el 15 de diciembre de 2010, una semana antes de que se firmara el contrato por la carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis, lo cual sería prueba del acuerdo colusorio entre la empresa y la gestión de Álvarez.

Posteriormente, también se aprobó el pago de casi 81 millones de soles como adelanto directo junto al pago por adelanto de materiales, montos que -de acuerdo con fuentes fiscales- fueron entregados por Dirsse Valverde en un local de Star Bucks en el Óvalo Gutiérrez, Miraflores, y fueron recibidos por Ricardo Paredes Reyes, ingeniero a cargo del proyecto. Los dos adelantos constituyeron aproximadamente un pago del 60% del costo total de la obra, y se dieron antes de que esta empezara a ejecutarse.