No era una semana cualquiera. La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, había programado para el miércoles 19 de julio a las 11 de la mañana, una reunión con los representantes de Odebrecht para informarles cuál sería el monto de la reparación económica por los perjuicios económicos generados al Perú con el pago de sobornos a cambio de la ejecución de proyectos millonarios. 

Pero la cita no se concretó. La compañía envió una carta informando que no podía asistir, asegura Ampuero. Sin embargo, este miércoles traería otras novedades en vivo y en directo: la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó en RPP la salida de la procuradora Ampuero y de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe. 

Pérez Tello explicó que “perdió la confianza” en el trabajo de Ampuero por decisiones tomadas sobre el proyecto de irrigación Olmos. Ella fue la procuradora que solicitó ante el Poder Judicial que se prohíba a cualquier representante de Odebrecht transferir acciones de sus concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A. con el propósito de que el Estado pueda asegurar el cobro de una reparación civil por los hechos ilícitos. 

“Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que superaría los mil millones de soles por los sobornos relacionados a cuatro obras”.

Para Ampuero era insuficiente el decreto de urgencia 003-2017 que aprobó el Ejecutivo para que empresas condenadas por actos de corrupción o que admitan haberlos cometido contra el Estado, en forma directa o en consorcio, no puedan vender sus bienes o transferir al extranjero sus ganancias o utilidades. La medida estaba vigente solo hasta febrero de 2018. “Con eso se corría el riesgo que Odebrecht pueda vender todos sus activos sin pagar la reparación civil al Estado”, asegura la saliente procuradora.

El 6 de julio, el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de Ampuero, quien asegura que esto permitía “que cualquier acreedor de Odebrecht pida un préstamo o de como garantía las acciones de Olmos”. En respuesta, la empresa difundió un comunicado para informar que dicha medida bloqueaba la posibilidad de vender las obras del proyecto y con ello “los flujos necesarios para recuperar la cadena de pago y proceder al pago de la reparación civil al Estado”.

Julia Príncipe, ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica el Estado, y Marisol Pérez Tello,

ministra de Justicia. Foto: Andina.

Por esos días, Ampuero asegura que tuvo una reunión con los representantes de la empresa en la que le manifestaron que podían asumir el pago de una reparación de 60 millones de dólares. “Era una suma irrisoria por todos los hechos ilícitos que han cometido, supuestamente el doble de la coima pagada en Perú”, señala en entrevista con Convoca.pe. 

Katherine Ampuero tenía otras cifras que mostrar en la frustrada reunión con Odebrecht: una reparación civil a favor del Estado que, según indicó a este medio luego de conocerse su salida de la Procuraduría, supera "los mil millones de soles" por los sobornos relacionados solo a la carretera Interoceánica, Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco. “Mi trabajo ha incomodado mucho a algunas personas”, aseguró Ampuero.

Hoy, en la primeras horas de la mañana, la ministra Pérez Tello señaló que Odebrecht se irá del país "garantizando el pago de la reparación civil". Al mediodía, Ampuero dio una conferencia de prensa con Julia Príncipe en la que precisó que el monto de la reparación civil que solicitaría Odebrecht llegaría incluso a los 2 mil millones de soles, mientras que Príncipe aseguró que Pérez Tello "a manera de ultimátum", le solicitó destituir a la procuradora Ampuero. "Era un pedido del presidente de la República y del premier (Fernando) Zavala). Nuevamente mi respuesta fue no voy a sacar a la procuradora", apuntó. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución suprema que da término a la designación de Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

Ni bien se conoció su salida de la Procuraduría, Ampuero narró en esta entrevista con Convoca.peuna sucesión de hechos que, según ella, propiciaron su salida y que pone sobre la mesa las debilidades de la investigación del caso Lava Jato en Perú.

Antes de las declaraciones de la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello en RPP sobre su salida de la Procuraduría, ¿ella no le informó que discrepaba de las acciones que había tomado sobre el caso Odebrecht?

Nunca me mandaron un correo, tampoco recibí una llamada. Lo que sí he tenido es información informal sobre la denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público por las transferencias bancarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski (supuestamente asociadas a Odebrecht y que fueron desmentidas por la Unidad de Inteligencia Financiera). Sabía que eso había disgustado mucho. También había disgustado mucho las preguntas que le hice al Presidente en el interrogatorio en Palacio de Gobierno por el tema de la Interoceánica. También disgustó mucho que saliera a denunciar la falta de presupuesto en la Procuraduría. Las acciones de la Procuraduría disgustaron al Ejecutivo, obviamente al Presidente de la República.

Usted asegura que el presidente Kuczynski se incomodó mucho por una pregunta que usted le hizo sobre la carretera Interoceánica para la que Odebrecht pagó sobornos en el gobierno de Alejandro Toledo.

Se indignó, se levantó de su asiento y en ese momento su abogado lo calmó. El abogado se opuso a la pregunta.

¿Cuál fue la pregunta?

La investigación está en reserva y no puedo decirlo. Pero a él se le interrogó (durante casi tres horas) ya que debido a su cargo como Ministro de Economía y presidente de Proinversión (durante el gobierno de Alejandro Toledo) tenía conocimiento sobre el contexto en el que se había suscrito el contrato. Todas las circunstancias que rodearon el megaproyecto. Todas las reuniones que se habían dado para concretar este contrato. 

“Mientras que la Fiscalía decide si las investiga o no, siguen corriendo los plazos de prescripción, siguen dando tiempo para que pongan a buen recaudo su patrimonio”.

 

¿Fue clave lo que dijo el Presidente?

Fueron detalles importantes porque tuvo una participación activa por el cargo que desempeñaba. El papel que tuvo no fue secundario. Llama la atención que la Fiscalía no esté investigando con mayor profundidad este tema. No está respondiendo a ciertas diligencias en este caso. Por ejemplo los testimonios que se han tomado como el interrogatorio al Presidente fueron a pedido de la Procuraduría.

¿En qué casos no está actuando el Ministerio Público?

Básicamente me refiero a que en los casos que se conoce el pago de los sobornos no se está incluyendo como investigada a ninguna de las 54 empresas del grupo Odebrecht ni a sus directivos. Y yo me pregunto, ¿acaso no se sabe a quién pagó la coima? Yo no sé si eso se debe al acuerdo preliminar que ha firmado la Fiscalía con la empresa. Quizás ese sea el acuerdo: “no me investigues”. No lo sé. Mientras no tengamos conocimiento del contenido de ese acuerdo preliminar, no sabremos. Los ciudadanos merecen conocer lo que dice ese documento.

Pero usted sabe que la condición para acceder a las pruebas que entregó Odebrecht a los fiscales de Brasil es que la empresa y los directivos no sean investigados.

Si ese ese el negocio, ese el convenio, la Fiscalía tiene la obligación de informar al país a qué se ha comprometido. Mientras que la Fiscalía no incluya como investigada a la empresa Odebrecht ni a sus directivos, la Procuraduría no puede exigir a la empresa el pago de una reparación civil: la condición es que la compañía sea incluida dentro de la investigación penal. Por eso han saltado por el tema de Olmos porque la Procuraduría ha chocado con el patrimonio de Odebrecht.

“Yo le diría a la ministra: ‘mucho cuidado con lo que dice’. ¿Dónde está la independencia de poderes?  En ese caso quien tiene que apelar es la empresa pero parece que quien estaría apelando es el gobierno”.

El fiscal brasileño Orlando Martello explicó a Convoca.pe que si Perú acepta recibir los documentos de Brasil o de la empresa, no se podrá buscar reparación civil adicional a lo ya acordado. 

Eso sería gravísimo porque la Fiscalía no puede tomar decisiones sobre la reparación civil. Eso es competencia única y exclusiva de los abogados del Estado, es decir de la Procuraduría. Eso sería una vergüenza, aquí la que debe tiene que tomar decisiones sobre la reparación civil del Estado es la Procuraduría, no la Fiscalía porque estaría yendo contra la Constitución Política del Estado. Me sorprende mucho que el Ministerio Público no quiera investigar a las empresas. En el caso del Metro de Lima me dijeron que como Jorge Barata (exrepresentante de Odebrecht en Perú) se ha acogido al proceso de la colaboración eficaz tiene una condición privilegiada (Ver ‘Fiscalía reitera que no investigará a Jorge Barata por sobornos de Odebrecht en el caso Metro de Lima’). Por eso acabo de pedir que se incluyan a las compañías porque de acuerdo a la legislación peruana, una empresa jurídica no puede someterse a un proceso de colaboración eficaz.

¿Es verdad que la Fiscalía le ha informado que tampoco va a investigar a las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht como Graña y Montero?

Sí, han dicho que no las van a investigar por ahora. No sabemos si más adelante va a formar parte de la estrategia. Mientras que la Fiscalía decide si las investiga o no, siguen corriendo los plazos de prescripción, siguen dando tiempo a las empresas para que desaparezcan medios probatorios y dando tiempo para que pongan a buen recaudo su patrimonio.

Pero en este caso la ministra de Justicia asegura que usted no ha respetado las normas…

Con eso está diciendo que el juez Concepción Carhuancho (que aprobó prohibir a cualquier representante de Odebrecht transferir acciones de sus concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A.), tampoco ha respetado las normas, así que yo le diría a la ministra: “mucho cuidado con lo que dice”. ¿Dónde está la independencia de poderes? En ese caso quien tiene que apelar es la empresa pero parece que quien estaría apelando es el gobierno.

Después de la conferencia de prensa que dio hoy al mediodía Katherine Ampuero y Julia Príncipe, la empresa Odebrecht difundió un comunicado en el que asegura que el "pago integral" por la venta de Olmos no iba a ser destinado a los bancos que son sus acreedores como asegura la procuradora Ampuero. El pedido fue hecho, indica la compañía, para aplicar "un porcentaje de retención para el Fideicomiso de Reparación, de tal forma que también se priorice el pago de proveedores y trabajadores en Perú, que no tienen por qué verse perjudicados por asuntos que se encuentran en discusión en la vía judicial". Sin embargo, para Ampuero esto no se ajusta a la verdad.