La constructora brasileña Camargo Correa, investigada por presuntos sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo y otros funcionarios públicos, no suscribirá un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público peruano como lo hizo la última madrugada del sábado su connacional Odebrecht, indicó ayer su abogado Jorge Paredes a Convoca.

En los últimos días había trascendido que dos empresas nacionales y una extranjera, influidas por el último cierre de negociaciones entre el Equipo Especial y Odebrecht, se habrían acercado a las instalaciones de la fiscalía con el interés de firmar un documento en términos similares. Hasta la fecha se barajaba la posibilidad de que una de ellas fuera Camargo Correa, información que ahora ha sido descartada.

Paredes indicó que para su patrocinada no cabría la posibilidad de acogerse a la figura de la colaboración eficaz pues la compañía no reconoce culpabilidad sobre las sospechas de pagos de 6,3 millones de dólares para la adjudicación irregular de la concesión del Tramo IV de la carretera Interoceánica Sur, proyecto adjudicado en junio de 2005 durante el gobierno del prófugo Alejandro Toledo.

Ver: Cuotas y pagos millonarios de la interoceánica

Como se recuerda, documentos incautados en las oficinas de Camargo Correa en Brasil -en el marco de la operación Castillo de Arena en 2009- apuntan a que esta habría efectuado depósitos solo para el expresidente hasta por 5,4 millones de dólares. El dinero habría llegado entre junio de 2006 y marzo de 2009 a través de dos compañías offshore de su antiguo amigo Josef Maiman. Hasta la fecha, la fiscalía ha detectado transferencias por 3,9 millones de dólares. Maiman se ha acogido a la colaboración eficaz.

Por otro lado, funcionarios del gobierno aprista ambién se han visto involucrados en el caso de esta constructora brasileña. De hecho, desde la misma campaña electoral. 

En setiembre de este año, Convoca.pe reveló cómo funcionarios de Camargo Correa coordinaban un pago a favor de la candidatura de Alan García para la segunda vuelta de las elecciones generales de 2006 a pedido de un “operador” que llevaba el encargo. 

En estas comunicaciones, Marcos Wanderley, ex máximo representante de la brasileña en Perú, consideraba que la constructora peruana Upacá, “cuyos propietarios están extremadamente ligados al partido aprista, en especial a Alan García”, podrían ser una “forma de entrada económica” para contribuir a la campaña. El objetivo era aproximarse a García y tener una “posición diferenciada en el próximo gobierno”.

Ver: Correos de Camargo Correa apuntan a aporte de campaña electoral para Alan García

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En efecto, Camargo Correa y los consorcios que integró lograron ganar proyectos con el Estado por mil 220 millones de soles durante la administración de García (2006-2011).

Entre las obras más cuestionadas de este gobierno está la Planta de Tratamiento de Huachipa, en Lima, adjudicada en 2009 a un consorcio conformado por la francesa OVT y Camargo Correa. 

Ya en el pasado se conoció que en un pendrive incautado a Pietro Giavina Bianchi, exdirector de la brasileña, se encontraron apuntes y cuadros de desembolsos a funcionarios por la obra de Huachipa por 2 millones 875 mil dólares.

Las anotaciones hacen referencia al exministro Hernán Garrido Lecca y a Guillermo León, expresidente de la empresa estatal de agua Sedapal, a quienes se les vincula a cada uno con el monto de “1.000.000”, fraccionados en cuotas mensuales entre enero de 2009 y mayo de 2011. También aparecen vinculados a la misma obra el exviceministro aprista Juan Sarmiento Soto (“300.000”), fallecido, y exgerente de Sedapal Umberto Olcese (“450.000”).

Como se sabe, Camargo Correa niega la existencia “judicial” de estas pruebas tanto en Brasil como en Perú y en los otros países mencionados en los documentos.  La justicia brasileña declaró “prohibidas” estas evidencias bajo el argumento de que toda la operación “Castillo de Arena” se basó en una denuncia anónima, una situación que en ese país ha asegurado la impunidad de muchos ejecutivos y funcionarios públicos. La constructora ahora busca, a través de recursos judiciales, que estos datos reveladores tengan el mismo destino en Perú. 

*Esta nota forma parte del proyecto colaborativo 'Investiga Lava Jato', red periodística integrada por más de 20 periodistas de medios en América Latina y África.

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